Administración

Los poderes públicos deben garantizar la seguridad, la salud y los intereses económicos de los consumidores mediante procedimientos eficaces. En este sentido, a la Administración le compete la labor de controlar y vigilar que los juguetes que se ponen a disposición del consumidor cumplan con la legalidad. Si no es así, debe adoptar las medidas que sean más adecuadas para impedir que su comercialización pueda crear situaciones de riesgo o causar algún tipo de daños.

Por ello, siguiendo los trámites adecuados, puede proceder a su retirada, a suspender su comercialización o incluso a su destrucción, así como a imponer sanciones a sus infractores.

La Administración es la máxima responsable de asegurar que los juguetes que circulan de forma libre por los comercios cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la norma y, en su caso, de informar adecuadamente sobre aquéllos que han detectado que no los cumplen, las medidas que deben adoptarse y a dónde debemos dirigirnos para solventar cualquier duda o para plantear cualquier tipo de reclamación al respecto.

De la misma forma, también tiene un papel relevante por lo que se refiere a la formación de los compradores de los juguetes y de sus destinatarios, a fin de que realicen un consumo y uso responsable de los mismos.